Hace unos días el gobierno de Alvaro Uribe Vélez en Colombia, decidió extraditar a los Estados Unidos a los jefes paramilitares que se habían desmovilizado y acogido al proceso de pacificación a través de la ley de Justicia y Paz.

Esta ley que buscó desarticular las mafias asesinas de las autodefensas o guerrillas de derecha que actuaban en el país, logró que mas de 15 mil hombres dejaran las armas y sus cabecillas fueran llevados a las cárceles con el compromiso que respondieran ante las familias de las víctimas sobre los miles de desaparecidos que produjeron y que les repararan por los perjuicios causados.

No se puede desconocer que el proceso avanza de manera exitosa, salvo porque, según el Gobiernos, los cabecillas de estos grupos asesinos nacidos de la violencia de las guerrillas de izquierda como las Farc, para combatirlas ante la ausencia de las fuerzas del Estado en muchos lugares, perdieron su objetivo al aliarse con narcotraficantes y delincuentes ahondando el daño que se hizo a la sociedad.

Estos hombres continuaron delinquiendo desde las cárceles al tiempo que no entregaron las verdades, no dieron información sobre sus víctimas, comenzaron a desgastar el sistema judicial, mintieron sobre sus propiedades y lo que entregarían a las familias de las víctimas para reparar el daño causado y, pese a la insitencia del gobierno, no cumplieron los compromisos adquiridos al someterse al proceso de desmovilización.

Bajo un imperioso debate desde los diferentes sectores sociales, se duda mucho de si la extradición a la justicia norteamericana de estos hombres, todos con pedidos para rendir cuentas por narcotráfico entre otros delitos, puede beneficiarlos o lesionarlos.

Desde el lado ideológico que se mire, tiene su versión. Los grupos de los familiares de las víctimas de las autodefensas o paramilitares, ven que es provechoso para ellos porque al responder por sus delitos en Estados Unidos, no responden a las víctimas en Colombia.

Los grupos de la izquierda representados en el Congreso de la República y opositores al gobierno, no dudan en atacar la decisión con el argumento que con ello se está beneficiando a los amigos del presidente a quien le atribuyen convenios secretos con los paramilitares, que son los que el mismo Uribe está atacando y demontando. No obstante, esta visión se sustenta en el gran número de congresistas implicados en el escandalo de parapolítica que cursa en la justicia colombiana, en donde muchos de los representantes y senadores de la República pertenecían a grupos simpatizantes de Uribe e incluso un primo del primer mandatario fue capturado y encarcelado por presuntos vínculos con estos grupos.

Para los grupos de apoyo al gobierno y para el mismo gobierno, este decisión es acertada por cuanto demuestra que en Colombia no se permite la impunidad y que el sistema judicial colombiano no cesa en su función de continuar los procesos contra los extraditados, pues la justicia norteamericana no reemplaza la justicia colombiana y por el contrario, asegura que paguen por los delitos en Estados Unidos y al regresar continuarán con su proceso en Colombia. Para estes sector de la opinión, la ventaja es que al extraditarlos se impide que puedan delinquir desde las cárceles, se les incomunica para que no puedan esconder sus propiedades y permite los procesos de extinción de domino a sus propiedades, asegurando que con ellas se pueda reparar a las familias de las víctimas.

Si bien durante los años 80 y el comienzo de los 90 el narcotráfico desató su mas grande guerra contra el Estado colombiano para evitar ser extraditados, alcanzando incluso, a tener como consigna la "preferencia de una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos"; no se entiende como puede decirse que beneficia a los infractores de la ley. Es precisamente el temor de estos delincuentes a la Justicia norteamericana, la que los llevó a aceptar las condiciones de aceptar la ley de Justicia y Paz, pues se suspendían las órdenes de extradición.

Con el desprendimiento de los paramilitares, el Gobierno de Colombia le apuesta a evitar que se reagrupen los ya demovilizados ya que los cabecillas son quienes pueden financiar y volver a dar la órden de reagrupación de sus hombres, hoy excombatientes.

Las evidencias de la conformación de un grupo denominado Las Águilas Negras financiado por algunos de los paramilitares presos y conformado por excombatientes de confianza con la alianza de narcotraficantes y las recientes capturas y bajas a capos del narcotráfico como el caso de "Los Mellizos", colmaron la paciencia del presidente Uribe quien no dudó en jugarse la carta de pasar por encima de la promesa de no extradición a los desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz. Queda claro porqué algunos de los extraditados gritaban ante de subir al avión que los llevaría a la justicia nortemericana, "nos traicionaron".

No obstante, como en la política colombiana los puntos de vista abundan como ciudadanos hay, quedan en el aire aqullas expresadas por grupos de presión como la Asociación de Víctimas, algunas ONG´s de Derechos Humanos como Human Right Watch, que curiosamente exigen justicia pero están en contra de la extradición, prefiriendo que los asesinos paramilitares sean premiados en Colombia en donde pueden continuar delinquiendo gracias a la debilidad de la seguridad carcelaria donde el riesgo de corrupción es conocido, a la siempre penetrable justicia en donde jueces y fiscales pueden ser tentados con dinero y comprados en sus desiciones o amenazados de muerte, con el consabido resultado de impunidad.

Ya es hora que en Colombia se tomen cartas en asuntos de dificultad y se corten las alas a quienes han desprestigiado al país a nivel mundial. Son tan terroristas y asesinos las guerrillas de Izquierda todavía activas y sembrando muerte en el caso de las Farc, como las guerrillas de derechas repesentadas en grupos de autodefensa o mal llamados paramilitares que, aunque están en su mayoría demovilizados y encarcelados, continuan delinquiendo y sembrando muerte.