Por: José Ignacio Penagos H.

Se supone que el poder judicial es uno de los tres poderes de una democracia y que como tal debe ser independiente de intereses para poder evaluar y juzgar casos en derecho. Su principal interés es defender las normas y a ella debe apegarse, pero nada se logra cuando la independencia se vende a intereses políticos y en vez de fallar en derecho, falla en política.

Eso le está pasando a la rama judicial en Colombia, en donde sus altos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se olvidan por completo de las normas en su esencia y las relativizan en interpretaciones de tinte político. Es es caso de la sentenca a la excongresista implicada en parapolítica Yidis Medina que ha destado toda una serie de investigaciones a otros cogresistas por sus relaciones con los paramilitares, en donde los magistrados pasaron de la sentencia a incluir sus "opiniones" a modo de juicio, sobre el gobierno colombiano cuestionando su legitimidad -curiosamente aprobado por la misma corte en su momento- sobre la reelección del presidente Uribe.

En esta sentencia, el alto tribunal encargado de juzgar sus actos, mostraron una evidente posición de la Corte Suprema que pareciera jugar un papel de partido político en la oposición, en vez de un órgano independiente que debe juzgar en derecho y con autoridad. Lo grave de todo esto es que lo hace en el texto de una sentencia, que tienen un peso de justicia y que abre la veta para que en jurisprudencia, se comience una tendencia a relativizar y politizar la justicia.

Un hecho grave por cuanto opina en una sentencia sobre hechos colaterales que merecerían una investigación diferente y ser un caso aparte para ser llevado a la justicia, pero no para poner en duda dentro de una sentencia y con intereses abiertamente políticos cruzando la línea que divide la justicia de la política.

Grave mas aun, cuando la Corte persiste en jugar también un papel de coadministración -no de justicia- sino del Estado tomando posiciones frente a competencias exclusivas del poder ejecutivo. Esto lleva a la Corte a ser "injusta", a perder credibilidad y a mostrarser dentro de un rol que no le queda al asumir un abuso de autoridad y poder que se sale de las funciones constitucionales.

Pero porqué la Corte Suprema desdibuja el papel de la justicia e inclina la balanza hacia una posición claramente tendenciosa?. Muchos de los analístas lo ponen dentro de las reacciones vicerales de sus magistrados quienes se encuentran en abierta oposición política persona contra el gobierno del presidente Uribe y que no les permite tomar decisiones en derecho sino que esa visión personal se manifiesta en sus sentencias. Son mayoría de tendencia opositora y al momento de sumar sus visiones en derecho, estas suman mas sobre sus deseos y reacciones partidistas de oposición, antes que sumar en responsabilidad y neutralidad frente a la inerpretación de las normas.

Otro de las causas que otros analístas atribuyen, es la influencia que el presidente del partido de izquierda, el Polo Democrático, Carlos Gaviria, ejerce sobre sus antiguos colegas y cuya lealtad muchos le deben. Y finalmente, porque la casada pelea entre el presidente Uribe el presidente de la Corte de años atrás, lleva a que haya una solidaridad interna entre los magistrados para con su presidente y meterse en la espiral de la pelea con el fin de sumarse a la minoría que reclama la caída del presidente de Gobierno.

En cualquiera de los casos es inadmisible que la Justicia se politice y transgresa la función constitucional confiada. La Corte debería dedicarse a juzgar exclusivamente en derecho sin interpretaciones políticas y sin tendencias partidistas. Debería ser neutra y dejar en alto la justicia y no buscar protagnismos políticos. La Corte no puede hacer perder la confianza en la justicia que es lo único que aun sostiene las insitituciones de manera legítima, tras tanta corrupción dentro del país en las demás ramas del poder público.

La Corte debe recuperar su papel del lado del derecho y olvidarse de "opinar", dándole a las sentencias el valor de la jurisprudencia y no de editorial de prensa.