La emisión del video completo que reveló los detalles de la Operación Jaque y que culminó con el rescate de Ingrid Betancurt, los tres técnicos norteamericanos y los once militares y policías secuestrados por las Farc, ha generado ampolla en las más altas esferas del gobierno de Colombia y sus fuerzas militares y está anunciado que rodarán cabezas.

Varios días después del primer comunicado de inconformidad expedido por el presidente Alvaro Uribe Vélez, se ha hecho regresar a todos los oficiales y soldados que participaron en la operación que tuvieron que interrumpir sus vacaciones y viajes de premio en los Estados Unidos y reunirse con los los demás miembros de las fuerzas militares que tuvieron conocimiento y acceso al material audiovisual para ser interrogados, investigados y establecer culpables por la venta de las imágenes y el uso de emblemas humanitarios.

Para varios de ellos ya quedó claro que no se les hará entrega de las condecoraciones anunciadas en un primer momento. Es el caso del oficial que portó el peto con el logo de la Cruz Roja Internacional a la vez que se anunció que habrá sanciones y destituciones para los responsables en la filtración del material audiovisual.

Pero si bien la investigación a nivel interno se ha iniciado y se regirán las sanciones de ley, ahora se ejercen presiones a alto nivel en las que se pide la cabeza de los periodistas que consiguieron el video y lo publicaron.

En el comunicado del Gobierno de hace unos días, el presidente fue enfático en afirmar que no censura al medio informativo por la divulgación de las imágenes y le reconoce su derecho, pero deja entrever su malestar. El Ministro de Defensa por su parte, sembró la duda de la transacción económica como se obtuvo el video y lo catalogó de un acto de "corrupción, deslealtad y traición a la patria".

Ahora se produce a modo de secreto a voces, que desde el Palacio de Nariño, desde el propio Ministerio de Defensa y desde las Fuerzas Militares en sus más altas esferas, autoridades presionan a los administradores y propietarios del canal RCN para que tomen medidas en contra de los periodistas que obtuvieron las imágenes en exclusiva.

En concreto las presiones van dirigidas para que la recién nombrada directora de noticias la periodista Clara Elvira Ospina y el editor judicial Juan Carlos Giraldo, sean despedido de sus cargos o pasados a otras labores de menor poder de decisión dentro de la organización.

La primicia informativa del servicio de noticias del Canal RCN se trabajó con más de 10 días de anticipación a la emisión del documental, toda vez que fueran obtenidas las imágenes. En ese momento la sala de edición al interior de la sala de producción del noticiero, fue clausurada para todos los periodistas y técnicos del los servicios informativos. El ingreso fue restringido a 4 personas la directora, el editor judicial, el editor y el locutor.

Al interior del Canal el material fue tratado como un gran secreto generando especulaciones sobre la importancia de la primicia en la plantilla, pero jamás los mismos periodistas imaginaron de lo que se trataba. El material ya terminado fue presentado el mismo día en la mañana a los directivos administrativos del canal que autorizaron su emisión.

El desconcierto del Gobierno hizo que se registrara una llamada de inconformidad de los asesores del presidente al propietario del Canal RCN, el magnate Carlos Ardila Lulle quien ha pedido las explicaciones correspondientes a sus directivos. Hasta ahora, el Canal RCN ha sido en medio más afín a las políticas del gobierno hasta el punto de ser acusado en varios escenarios de ser el medio amplificador del presidente. Esta cercanía hace que no sea difícil que los propietarios y directivos del canal sucumban a la presión gubernamental para que rueden cabezas en los servicios informativos del mismo.

De producirse los despidos o las sanciones solicitadas por esta presión contra los comunicadores, se recordaría los comportamientos similares producidos desde Palacio de Nariño en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, cuando éste pidió ante las directivas de la cadena radial Caracol que fuera despedido de su plantilla de periodistas el periodista Edgar Artunduaga, crítico enfático de ese gobierno y de las negociaciones con las Farc en la llamada zona de distensión del Caguán a través del programa de sátira política radial La Luciérnaga.

En ese mismo gobierno de Andrés Pastrana, Palacio de Nariño ejerció la presión para evitar que el documental El Verde Mar del Olvido producido y dirigido por el periodista Jorge Enrique Botero, pudiera salir al aire con las imágenes de los campos de concentración de las Farc en la que se veía el error del Gobierno Pastrana en la negociación del Caguán y que mostraba la realidad de los secuestrados en cuativerio. En esa oportunidad, también fue pedida la cabeza del comunicador al canal privado de televisión Caracol y sus directivas, entregaron la cabeza de Botero en bandeja de plata.

Es claro que estas estrategias de presión son constantes y se ejerce desde los diferentes niveles de las autoridades para controlar la libertad de prensa, que en criterio de los afectados, es desfavorable para sus propósitos. Medidas como estas son comparables con los hechos violentos ejercidos también contra periodistas por parte de grupos armados que hacen que en Colombia el periodismo se la profesión mas peligrosa por estos tiempos.